El Ayuntamiento de Marbella había ido perdiendo esta causa, tanto en primera instancia como después en la Audiencia Nacional, aunque ahora ha conseguido el respaldo del Tribunal Supremo, de forma parcial.
El
22 de junio de 2018, Ángeles Muñoz recibió un
cheque de 12 millones de euros por parte de José Godino, presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, sala que juzgó el caso Malaya.
La cantidad entregada cubría la responsabilidad civil de Juan Antonio Roca por distintos casos de corrupción. En el caso Malaya era muy baja, por lo que, principalmente, se refería a los casos "Saqueo I" y "Saqueo II", que juzgó la Audiencia Nacional.
La regidora recibió el dinero
seis días antes de que, el 28 de junio, se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que incluían una disposición adicional para que el dinero revirtiera directamente en Marbella.
Tanto
Hacienda como la Seguridad Social consideraron que, en el momento de recibir el cheque, estaba aún vigente la normativa que obligaba a que esos fondos se utilizaran para aminorar la deuda del Ayuntamiento con ambas instituciones.
Por ese motivo, reclamaron el dinero y, al no entregarlo el Consistorio, dieron por
finalizado el fraccionamiento de la deuda originada en la etapa del GIL y que se estaba devolviendo a 40 años.
La situación fue crítica para el Ayuntamiento, que
recurrió y perdió en primera instancia y también después ante la Audiencia Nacional, que, al menos, permitió mantener el fraccionamiento.
El equipo de gobierno acudió en
casación al Tribunal Supremo, que ahora le da la razón en el conflicto con Hacienda, mientras está aún pendiente el de la Seguridad Social, aunque lo normal es que el fallo sea similar.
El despacho RocaJunyent-Gaona, Palacios y Rozados Abogados ha informado este viernes sobre la sentencia satisfactoria para su cliente, el Ayuntamiento de Marbella.
El Alto Tribunal considera que la Agencia Tributaria "
no tiene la potestad legalmente atribuida, ni es competente para declarar por si misma la extinción del aplazamiento".
Esto, solo se podría hacer "de forma excepcional por ley", considera el fallo, respaldando las tesis del Consistorio.
Devolución del dinero
En cambio, el fallo deja abierta la puerta a que Hacienda pueda
emprender las acciones legales oportunas para que el Ayuntamiento cumpla con la obligación que tenía en ese momento de entregar el dinero al Estado para disminuir la deuda.
"Conviene recordar que para el cumplimiento de esta obligación (...) se dispone, no solo de las previsiones generales de la LJCA, sino también el mecanismo específico previsto mediante la
deducción de transferencias de ingresos del Estado", añade.
Por tanto, victoria importante para el Ayuntamiento, que mantiene el fraccionamiento, pero a medias ya que sigue abierta la puerta a tener que devolver esos 12 millones de euros, que se le podría retraer del dinero que le envía el Estado.
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